El proyecto para derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera finalmente no llegará, por ahora, al Congreso argentino. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, confirmó que la iniciativa “no entró ni va a entrar” y Javier Milei, presidente del país, respaldó públicamente esa decisión. La explicación oficial es que el Gobierno quiere concentrarse en “medidas más estructurales” y que las librerías no forman parte de esa prioridad.
La posición representa un cambio respecto de lo que había ocurrido apenas unas semanas atrás, cuando el Ministerio de Desregulación trabajaba en un anteproyecto para eliminar la Ley 25.542 y terminar con el precio uniforme de los libros. La propuesta buscaba permitir que librerías, cadenas y plataformas compitieran mediante descuentos y promociones, bajo el argumento de que una mayor competencia permitiría reducir los precios para los lectores (Infobae, 5 minutos).
La discusión dejó expuesta una diferencia importante dentro del propio sector: defender la ley vigente no significa necesariamente considerar que no necesita cambios. En las últimas semanas, algunos actores de la industria señalaron que la norma fue pensada para un mercado diferente y que debería analizarse cómo adaptarla a la aparición de nuevos formatos, plataformas y hábitos de consumo. Esa posibilidad de actualización sigue planteada incluso entre quienes rechazan la derogación.
El debate sobre la Ley 25.542 queda así en una situación distinta de la que tenía a comienzos de agosto. No habrá, por ahora, una discusión parlamentaria sobre su derogación. Pero tampoco se resolvió la cuestión de fondo sobre cómo debe funcionar la competencia en un mercado en el que conviven librerías independientes, grandes cadenas, plataformas digitales, venta directa y nuevos hábitos de consumo (Página 12, 4 minutos).





